miércoles, 31 de octubre de 2007

Convocatoria Universidad Europea de Verano 2008 de los Attacs de Europa

En verano de 2008 va a tener lugar la primera Universidad Europea de Verano conjunta de los Attacs de Europa (Attac European Summer University – ESU), que se celebrará en Saarbrucken del 1 al 6 de agosto.

Universidad Europea de Verano de Attac

¡Otra Europa para otro mundo!

martes, 30 de octubre de 2007

Diez ideas para entender la crisis financiera

Aunque todo el mundo habla de la crisis, hay muy pocas ideas claras que permitan a los ciudadanos corrientes y molientes saber a ciencia cierta lo que está pasando. Juan Torres, integrante de la Comisión de Justicia Fiscal Global de Attac España, da algunas pistas para entenderlo....

El impacto de la política comercial de la Unión Europea sobre los servicios públicos

Con su comunicación del octubre 2006: “Europa Global: compitiendo en el Mundo”, la Comisión Europea (CE) ha fijado nuevas pautas en sus relaciones comerciales con los demás países, en particular con los países empobrecidos que tienen mayor potencial de crecimiento. La política comercial se considera como un elemento clave para conseguir más empleo y crecimiento en Europa. Lamentando que hasta el momento esta política haya sido “demasiado orientada” a objetivos de desarrollo, la CE quiere desarrollar una “robusta” acción para la defensa de los intereses económicos europeos, favoreciendo la apertura de mercados para sus empresas, en particular para las grandes transnacionales que más activamente operan en el mercado global internacional.

Esta política comercial “agresiva” hacia el exterior debería contribuir a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa, de ” convertir en 2010 a la Unión Europea (UE), en la economía, basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo “, mediante las siguientes acciones :

  • Defender los intereses de las corporaciones aún a costa del desarrollo sostenible, de la protección ambiental, de la cohesión social o de la misma democracia
  • Promover el mutuo reconocimiento de los estándares sociales, laborales y ambientales ya existentes, en lugar buscar su armonización a el nivel más alto en la UE
  • Orientar prioritariamente la legislación y las actuaciones de la UE hacia la mejora de la competetividad de las empresas

Esta estrategia no hace nada más que poner en práctica el principio – confirmado en el Tratado Reformado – de que la UE se funda sobre una “economía de mercado donde la competencia sea libre y no falseada”.

La CE reconoce el fracaso del proceso de negociación multilateral en el marco del la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aún manteniendo un respeto formal de este marco multilateral, declara su intención de ir mucho más allá, a través de negociaciones directas bilaterales con los países emergentes. El objetivo último es conseguir una apertura total de los mercados de estos países a la penetración de las empresas europeas. Particular interés tiene el sector de servicios, que representa el 77% del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo en la UE. En muchos países empobrecidos sectores de servicios públicos como los servicios financieros, el transporte, los servicios ambientales (distribución y saneamiento de aguas, tratamiento de residuos) están bajo control público, inspirándose su gestión en el principio de que toda la población pueda beneficiarse de ellos con independencia de su poder adquisitivo. La UE quiere presionar a los países más prometedores para que estos servicios se ofrezcan al libre mercado. La comunicación de la CE pone como ejemplo la producción y distribución de la energía: la UE quiere “mejorar el clima empresarial para las inversiones de las compañías europeas y [...] abrir la producción y exportación de recursos energéticos a las empresas de la UE”:lo que se traducirá en más liberalizaciones y privatizaciones. De hecho, la UE quiere ir más allá, y obligar a países ricos en recursos naturales a eliminar cualquier limitación a la explotación de estos recursos, aún si están establecidas por razones de fomento de la economía interna, protección ambiental o gestión sostenible de los mismos. A pesar de la mucha retórica sobre el desarrollo sostenible, Europa quiere seguir abasteciendo su modelo despilfarrador a cualquier coste.

Para conseguir una plena liberalización, la CE reconoce la importancia de las obras publicas, que representan entre el 10 y el 25% del PIB de los países empobrecidos. La mayoría de estos países tienen regulaciones que limitan la participación de empresas extranjeras en las licitaciones publicas. Estas regulaciones sirven no solo para fomentar el desarrollo de las empresas y del empleo local, sino también para garantizar que los servicios públicos sean gestionados según criterios sociales y ayuden la cohesión territorial. Justo por ello estas regulaciones representan un obstáculo para los beneficios de las empresas de la UE, y la CE quiere que se supriman.

Otra forma de garantizar el acceso paritario a los servicios públicos para todas las capas sociales son las diversas formas de subvenciones para los servicios públicos, o de subsidios para los usuarios económicamente más desfavorecidos. Desde una lógica puramente empresarial, estos subsidios son una “competencia desleal”, porque privilegian la gestión publica o las empresas nacionales. Todavía los países poderosos no pueden legislar directamente en los países empobrecidos, pero pueden ejercer presión en los tribunales internacionales para que leyes desfavorables a los intereses de sus empresas sean declaradas “obstáculos innecesarios a la libertad de comercio”, y los países sancionados por la comunidad internacional si no las retiran o modifican. La CE promete que hará un uso más intenso de esta posibilidad en el futuro. Pocos países podrán permitirse el lujo de resistir a este chantaje, y para los más rebeldes existe siempre la amenaza de condicionar la ayuda al desarrollo al cumplimiento de los deseos de los poderosos.

Otro terreno codiciado por la UE y sus empresas son los derechos de propiedad intelectual. Con el pretexto de la lucha contra el fraude, la CE quiere imponer reglas que impongan el respeto integral de la misma. En este caso el objetivo más inmediato es el pingüe mercado farmacéutico y las patentes sobre recursos naturales. La UE quiere socavar las ya limitadas salvaguardias que la OMC permite para obviar las patentes de medicamentos en caso de emergencias sanitarias, y que han sido aplicadas por algunos países (India, Sudáfrica, Tailandia) para importar medicamentos genéricos baratos para combatir pandemias come el SIDA.

¿Qué impacto puede tener una mayor presencia de las empresas transnacionales europeas en los servicios públicos de los países empobrecidos, en ausencia de una eficaz regulación por parte de los poderes públicos? Cualquier estudiante de primer grado de económicas sabe que las empresas privadas basan su gestión en conseguir beneficios a corto plazo, lo que conlleva:

  • Una política de recuperación de los costes: el acceso a los servicios públicos se torna imposible para quienes no puedan pagar las tarifas de mercado
  • Una política de generación de beneficios: inversiones para la mejoría de los servicios se decidirán según criterios meramente económicos y no según necesidades sociales
  • Una política de selección de la clientela: la gama de servicios ofrecidos se limitará a los que más interesan a los usuarios (ahora “clientes”) pudientes, y no se garantizarán los servicios públicos a las capas económicamente más desfavorecidas porqué son menos rentables

No habría nada de intrínsecamente malo en esta lógica si se aplicara solo a la producción de perfumes, trajes de gala o coches de lujo. Muy diferente es la situación cuando las empresas privadas gestionan servicios básicos como la sanidad, el agua, la electricidad o el transporte: sencillamente se quitan a los pobres medios fundamentales de subsistencia.Un buen ejemplo de esta forma de proceder lo tenemos en los famosos Acuerdos de Colaboración Económica (EPAs , en inglés) que la UE está imponiendo a los 76 países más empobrecidos del mundo de Africa, Caribe y Pacífico.

Pero, las desventajas no se limitan a los países empobrecidos. La comunicación de la CE hace hincapié en la necesidad que haya una mayor “coherencia” entre la política exterior de la UE y su política interior. Esto en la práctica significa que se quiere crear un “entorno más favorable a las empresas” también dentro de nuestras propia fronteras, a través de una profundización de los procesos de liberalización y privatización de los servicios públicos en la UE, en la línea trazada por la “Directiva Bolkestein ” sobre servicios en el mercado interior de la UE. Ya sabemos lo que estas políticas liberales conllevan: disminución del gasto público en sanidad, educación, cultura y prestaciones sociales, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados de los servicios públicos (precariedad laboral, despidos masivos, bajos sueldos, horas extra y falta de calificación).

Matteo Guainazzi. Comision AGCS-Servicios Públicos. Attac España.


miércoles, 24 de octubre de 2007

COMUNICADO DE ATTAC SOBRE LAS CRISIS HIPOTECARIA Y FINANCIERA

El 8 de agosto de 2007, las bolsas de todo el mundo protagonizaron fuertes caídas en sus valores cotizados, haciéndose entonces visible una crisis en los mercados financieros globales que venía larvándose desde hacía tiempo. Attac España, con la perspectiva que proporcionan las semanas transcurridas, emite el siguiente COMUNICADO, dirigido a informar a la ciudadanía de lo sucedido y de lo que puede suceder.

1. Attac denuncia la falta de información, el oscurantismo y falta de transparencia de los poderes públicos y especialmente de las instituciones financieras. En lugar de analizar con rigor la naturaleza y las causas de la crisis, se han limitado a reiterar cansinamente que todo va bien y que nada está fuera de la normalidad. Algo que evidentemente contradice la extraordinaria cantidad de recursos financieros que los bancos centrales han debido movilizar para tratar de hacer frente a la situación.

Attac reitera que los asuntos financieros y monetarios tienen una gran influencia en el bienestar, en la renta y en la estabilidad social de los ciudadanos (como saben perfectamente las familias que en los últimos meses han visto reducirse sus rentas como consecuencia de la política de subida de los tipos de interés aplicada por los bancos centrales). En consecuencia, no puede admitirse la opacidad y la falta de claridad con la que se están presentando a los ciudadanos una situación crítica que es a todas luces extraordinaria y preocupante. Ha hecho falta esperar más de un mes desde del estallido de la crisis, para que comiencen a difundirse las primeras declaraciones apuntando que habrá consecuencias y que serán importantes (R. Rato, FMI)

2. La crisis hipotecaria iniciada en Estados Unidos se ha extendido a casi todos los lugares del planeta porque las hipotecas que inicialmente allí crearon problemas de solvencia están vinculadas a través de operaciones puramente especulativas, a toda la banca del planeta. La quiebra y la crisis de solvencia expresamente reconocida de muchas instituciones financieras en Alemania, Francia e Inglaterra así lo prueba.

Al generalizarse la inestabilidad, se ha producido una disminución de los recursos financieros disponibles para la actividad económica, lo que se está traduciendo en el inicio de una crisis que puede afectar a la economía real en los principales países del mundo. Eso, añadido al desinflamiento paulatino de la burbuja especulativa inmobiliaria, está produciendo crisis en las empresas, disminución de la actividad económica y un aumento del desempleo que posiblemente vaya a más en los próximos meses.

3. Ante esta situación, los bancos centrales siguen actuando como un simple instrumento cómplice de la especulación financiera internacional. Han hecho oído sordos a las demandas que incluso algunos gobiernos conservadores le han hecho para que imponga más transparencia en las relaciones financieras que generan más riesgo, continúan aplicando una política monetaria que sólo favorece a las rentas más altas y a los propietarios de recursos financieros y que actúa siempre ajena a objetivos como la creación de empleo y, por supuesto, el bienestar económico.

Attac considera un verdadero escándalo y una repugnante inmoralidad que los bancos centrales estén ofreciendo cientos de miles de millones de dólares con extraordinaria generosidad a los bancos que han provocado la crisis para que continúen con sus operaciones especulativas, y, sin embargo, estén manteniendo siempre la doctrina de la austeridad y la disciplina a los asalariados y trabajadores de todo el mundo. Una doble vara de medir que expresa la injusticia, la sinrazón y el despilfarro que caracteriza a las políticas económicas de nuestra época.

Lamentablemente, tampoco los gobiernos han sido capaces de canalizar la voz ciudadana frente a la dictadura que imponen los mercados financieros y que una vez más trae consigo inestabilidad, crisis y pérdidas millonarias para los sectores sociales de por sí más desfavorecidos. En lugar de exigir medidas firmes contra la especulación y la criminalidad económica, mantienen un silencio acomodaticio que facilita que se produzcan situaciones de crisis como las que estamos viviendo.

4. Attac quiere manifestar una vez más que estos episodios de crisis no son casuales, ni un simple accidente coyuntural, sino que son la inevitable consecuencia de un sistema económico en donde solo los poderosos tienen las manos completamente libres para disponer de los recursos a su libre antojo. La actual crisis es el efecto directo de la acumulación de ingentes beneficios en las grandes empresas y en la banca gracias al control salarial de los últimos años y, sobre todo, de la falta de control a que han estado sometidos los inversores a la hora de dedicarlos a operaciones muy rentables pero, precisamente por ello, muy arriesgadas y en su mayor parte especulativas.

Hay que subrayar, además, que el origen de esta crisis se encuentra en la conversión del sector de la vivienda orientado a satisfacer la demanda de habitabilidad, en un mercado meramente especulativo destinado a proporcionar plusvalías a los más ricos. Un fenómeno que es urgente revertir para evitar nuevas crisis y mayor frustración social.

5. Attac vuelve a manifestar la necesidad de proceder a controlar los flujos financieros, de someter la maquinaria compulsiva del beneficio a los intereses de las mayorías sociales, y de desincentivar y dificultar la utilización especulativa de los recursos financieros. Para ello es imprescindible la creación de instituciones financieras internacionales más democráticas, el establecimiento de instrumentos fiscales de alcance planetario, así como de mecanismos globales de redistribución de las rentas.

Para evitar que los bancos centrales sigan estando al servicio exclusivo de los más poderosos y esclavos de una retórica económica equivocada que coadyuva a la aparición de recesión y crisis económicas, es preciso modificar su naturaleza, someterlos al control público y de las instituciones representativas y garantizar que la política monetaria se comprometa efectivamente con objetivos económicos como el pleno empleo, la equidad y el bienestar social efectivo.

6. En España hay riesgo efectivo de que se propague la crisis financiera, pues es de sobra conocido que existe una importante burbuja hipotecaria. Para proteger al país de sus consecuencias es preciso evitar que la vivienda se siga convirtiendo en un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación. Y, por supuesto, que sus instrumentos de financiación se transformen en la fuente que nutre la actividad de los mercados financieros secundarios intrínsecamente inestables y generadores de crisis. Los gobiernos tienen medios para asegurar que las viviendas sean lo que deben ser, soluciones al problema social de la habitabilidad, y no activos para canalizar el ahorro de los ricos y para labrar ganancias especulativas.

Y para evitar que como ha sucedido otras veces estas crisis aumenten las desigualdades, produciendo millones de afectados y muy pocos beneficiarios, es preciso presionar socialmente a los gobiernos estatales para restablecer el valor social de los impuestos, crear un auténtico sistema fiscal internacional, e introducir mecanismos internacionales de redistribución de la renta.

AVERIAS DEL SECTOR ELECTRICO O EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ACERCA DE LAS AVERÍAS DEL SECTOR ELECTRICO O EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Lo que está ocurriendo estos días en Barcelona, además de un atropello a la ciudadanía, es una muestra de lo que suponen los servicios públicos privatizados, en manos de compañías cuyo único interés son los dividendos y no el satisfacer un derecho de consumidores y consumidoras, que además pagan el servicio.

Endesa es una muestra más de lo que afirmamos, casualmente los mismos días en que barrios enteros de la ciudad de Barcelona quedan sin luz eléctrica, ellos dan a la prensa unos beneficios de unos 1500 millones de euros. Sangrante paradoja. No contentos con esto culpan a la Administración Pública de su desaguisado, falta de previsión y de mantenimiento.

Siendo cierto que la eléctrica es principal culpable, no lo es menos que los gobiernos de turno no controlan ni cumplen con sus obligaciones de vigilar a aquellos que prestan el servicio público y encima hacen pingues negocios con él.

Hay por tanto una responsabilidad política innegable. Desde ATTAC llevamos unos años desgañitándonos en denunciar, pero también en explicar, que la privatización de los ss.pp. solo conduce precisamente a lo que ahora todo y todas contemplamos y/o sufrimos.

La política, ha perdido terreno frente a las grandes compañías ya sean estas financieras, industriales o de servicios. Éstas empresas tienen más poder real que los gobiernos en una gran parte, porque éstos están inmersos en políticas liberales y han cedido sus competencias al sector privado. Los partidos políticos, en su inmensa mayoría, han apoyado y producido legislaciones desreguladoras que solo perjudican a la ciudadanía y la entregan en manos del mercado puro y duro, al dejar sin ninguna vigilancia ni control democrático los negocios con los servicios de interés público.

Surgen pues, al albur de estas políticas liberales, unas agencias estatales y autonómicas de control, que en manos de burócratas de elite y “expertos” liberales, ni controlan ni creen en la necesidad de hacerlo. De ahí todo lo que esta ocurriendo.

Durante estos últimos años hemos sufrido una ofensiva neoliberal y liberal que ha estado convenciendo a los gobiernos y a los partidos, y lo que es peor, a grandes grupos de ciudadanos y ciudadanas, de que lo bueno era lo privado, que el Estado era algo obsoleto e incapaz de ofrecer con eficacia los servicios que la ciudadana demanda. Se olvidaba así, que de esta forma, el escaso control democrático que se puede ejercer sobre los servicios públicos se pierde, quedando todo a la lógica del mercado, es decir al libre albedrío de los grandes grupos económicos que controlan el tinglado.

Los socialdemócratas, o neo-socialdemócratas, han tenido una grandísima responsabilidad en todo esto, sucumbiendo todas las poderosísimas alas derecha de sus partidos a la más pura ideología liberal.

La Unión Europea ha hecho igualmente de la liberalización su bandera, en su afán de convertir Europa en un gran mercado y lo que es peor a través de su apoyo a las políticas de la Organización Mundial del Comercio, que están impulsando la privatización de todos los servicios públicos en el Mundo.

Los resultados de estas privatizaciones y desregulaciones comienzan a estar ya claros, desde los apagones de Barcelona, pero también de Andalucía o de Madrid, al agua más cara que la coca cola en Nairobi; o la desaparición de los sistemas de salud pública en África, la ruina de una Argentina privatizada por Carlos Menem o la desastrosa situación de los ferrocarriles británicos; serían algunos de los ejemplos.

Es por todo esto por lo que desde ATTAC estamos impulsando la lucha contra el AGCS y contra las políticas neoliberales, porque estamos a favor de las políticas publicas ciudadanas y sociales en función de intereses generales y no del bien privado y sus intereses lucrativos.

Encima, las eléctricas privadas exigen fondos públicos al Gobierno Español y subidas de tarifas a los ciudadanos. Creo que ahora es un buen momento pedagógico para explicar a todos y todas que las privatizaciones son negativas y ahora, cuando en Barcelona (que parece una ciudad sitiada con soldados en las calles o generadores públicos móviles dando servicio al tiempo que solucionan y contaminan el ya contaminado espacio urbano) todo revienta, se mira al Ayuntamiento o al Estado para que solucione el gran fallo, que es solo culpa de la codicia empresarial y de la irresponsable falta de control político que sobre las intocables eléctricas, han creado.

Nuevamente a algún sesudo experto liberal, asesor de gobiernos y bancos a la vez, estos párrafos le parecerán demagogia, en ese caso le invito a él y al ultraderechista Sr. Pizarro a dormir sin aire acondicionado junto a un generador del ejercito en un barrio barcelonés.

Tampoco pueden aparecer ahora los defensores de las doctrinas liberales a exigir responsabilidades, porque ese es el mundo que ellos defienden.

La ciudadanía debe organizarse y tomar conciencia de que se esta construyendo a su alrededor un montaje que ellos y ellas no controlan y que solo puede frenar su movilización activa en la calle, e intelectual, porque otros están demasiado hipotecados como para enfrentarse a las grandes compañías.

Llamamos finalmente al Ayuntamiento de Barcelona a sumarse activamente a la lucha contra el AGCS (Acuerdo General del Comercio de los Servicios) de la OMC, al igual que mas de 800 Ayuntamientos del mundo conscientes de que la privatización de servicios y competencias municipales, es negativa sin paliativos para los y las habitantes de las ciudades.

Carlos Martínez. Vice-coordinador de ATTAC España

martes, 23 de octubre de 2007

Texto común Attacs Europa sobre el Tratado modificativo

Los Attac de Europa dicen "no"
El 11 de marzo de 2007, diecisiete Attacs de Europa hacían públicos sus " 10 principios para un Tratado democrático" , que deberían contribuir a una refundación de la Unión Europea (UE). La lectura atenta del Tratado modificativo adoptado por los Estados miembros de la UE en el Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre pone de manifiesto que no respeta ninguno de estos diez principios. Más bien al contrario, el nuevo Tratado es una versión disfrazada del Tratado Constitucional Europeo (TCE) que los electores franceses y holandeses habían rechazado en 2005. Este texto es inaceptable, tanto por su método de elaboración como en su contenido.
Un método antidemocrático: los Attac de Europa proponían lanzar un proceso democrático para la elaboración y la aprobación de cualquier nuevo Tratado, que debería contemplar, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea elegida por los ciudadanos; la participación efectiva de los parlamentos nacionales y la obligación de una ratificación mediante referéndum en cada Estado miembro. Deseaban también un Tratado corto, auto-explicativo en su texto y que pudiera ser comprendido por todos los ciudadanos. En vez de eso, tenemos, una vez más, un texto largo e ininteligible, redactado en la sombra, que se propone sea adoptado por vía parlamentaria en la mayoría de los Estados miembros, y ello por la vía rápida , impidiendo así cualquier debate público real.
Un funcionamiento siempre cerrado: con excepción de algunos retoques de modesto alcance, el texto actual, sigue estando caracterizado por la confusión entre los poderes que gobiernan la Unión . El Parlamento Europeo permanece excluido del dominio de las decisiones que se refieren a importantes ámbitos de la vida comunitaria, y, sobre todo, privado de toda iniciativa legislativa. Por su parte, los parlamentos nacionales, incluso si están relacionados con un número limitado de ámbitos, no pueden pronunciarse sobre el fondo de los proyectos de las Directivas. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, está dotada con poderes legislativos y judiciales, mientras que el Consejo sigue siendo un órgano legislativo, al mismo tiempo que es la reunión de los ejecutivos nacionales. Los grupos de presión seguirán desempeñando un papel esencial, y los miembros de la Comisión no podrán ser elegidos o removidos por los parlamentarios. El derecho de iniciativa ciudadana queda en una declaración de intenciones no definidas . En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), escapa a todo control democrático, y conserva como único objetivo la estabilidad de los precios, promovido al mismo rango que el resto de los objetivos de la Unión.
No se ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo: la prensa ha hecho un gran alboroto en torno al tema de que la competencia "libre y no falseada" no figura ya entre los objetivos de la Unión. Ello representaría, se nos dice, la prueba de que se ha abandonado completamente el Tratado constitucional. Pero, a lo largo de los artículos, de los protocolos y de las declaraciones, nos damos cuenta que esta competencia sigue estando omnipresente, y que es imposible escaparse del modelo neoliberal. Es la competencia la que regula los servicios de interés económico general (SIEG) y que corre el riesgo extenderse al resto de los servicios públicos. Es esta competencia la que aún que sirve de excusa a la negativa de una armonización social y fiscal por arriba. El Tratado, tal como se presenta, no hace posible para los Estados otra elección que el del liberalismo desmandado.
Los derechos fundamentales siguen teniendo un alcance limitado: la Carta de Derechos Fundamentales no tiene en absoluto un "valor vinculante", pero estos derechos tienen además un alcance muy de limitado y su aplicación se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así la Carta no crea ningún derecho social europeo, contentándose con meras formulaciones que no comprometen a nada. Además, algunos Estados como Irlanda y Polonia prevén quedar dispensados de la aplicación de los derechos fundamentales, por muy limitados que sean, mientras que el Reino Unido ya lo está dispensado.

Un Tratado militarista y atlantista: la defensa común de la Unión solo se contempla en el marco de la OTAN, y el militarismo se fomenta oficialmente: "Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares." "En nombre de la lucha contra el terrorismo, se fomentan incluso las intervenciones militares en el extranjero." Son algunos de los elementos que ya figuraban en el TCE y que han sido retomados palabra por palabra en el nuevo Tratado.
Este Tratado modificativo esta marcado, de principio a fin, por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica. Los escasos puntos positivos no ponen de ninguna manera en entredicho el funcionamiento actual de la Unión y su profundo déficit democrático.
Es por esta razón por la que los Attac de Europa no pueden aceptarlo. Corresponde a los pueblos y a los ciudadanos europeos decidir su futuro, de ahí la necesidad de una ratificación del Tratado por referéndum en cada uno de los Estados europeos.